Auditorías

Todas las instituciones, sin excepción, están obligadas a ser auditadas; es decir, a revisarse por otras dependencias, sobre el gasto de los recursos. Ya que son dineros del erario.

El gobierno federal es auditado por el Congreso, por otro poder. La dependencia del poder legislativo es la Auditoría Superior de la Federación.

Aunque cada institución cuenta con su propio organismo auditor, de todas maneras debe ser inspeccionado por otro organismo externo.

El gobierno federal tiene su propia Secretaría de la Función Pública, quien supervisa y corrige a las dependencias en sus gastos. Como es institución a nivel nacional vigila el gasto, en este caso de universidades.

Cada centro de nivel medio superior y superior, en su organigrama presenta su departamento de auditoría. Además las universidades son revisadas por el Congreso de su estado. Y, también por la Función Pública.

Por lo general, el papel de una auditoría, vamos decirle, interna, cumple con el objetivo de supervisar y corregir anomalías. Es raro que señale una sanción, se queda en recomendaciones, por eso es supervisada por otras instancias externas.

Recientemente la ASF hizo pública su revisión del gasto en la presidencia. Señaló que hubo un gasto excesivo en el aeropuerto. El presidente de inmediato dijo que él tiene “otros datos”. Lo que se interpretó como una amenaza.

Al día siguiente el titular de ASF, David Colmenares, aceptó su equivoco en la metodología. 15 días posteriores, Colmenares, volvió a declarar que su primera información no estaba tan equivocada.

En este trance, hasta se pidió la renuncia de Colmenares a) por dejarse intimidar por otro poder, y, b) por incompetente al errar considerablemente en su trabajo.

Regresó la confianza a la ASF, porque realizó un trabajo profesional y fue exhibida la presidencia.

Ahora la ASF informa que en la mayoría de las Universidades existen anomalías en sus gastos. Por lo menos, se ha detectado una constante con el depósito de recursos a cuentas personales, y esto, representa un delito.

Hasta el momento dos rectores han sido llamados por la justicia. Alejandro Vera de la universidad colindante (Morelos) se encuentra prófugo por peculado. El otro Gerardo Sosa Castelán de la Universidad del Estado de Hidalgo, encarcelado por desvío de recursos.

Aquí ventilo auditoría, digámosle, administrativa.

¿Qué pasaría si en estas instituciones de educación superior se aplicara una auditoría académica? Habría, por supuesto, otro tipo de reconocimientos o de sanciones.  Un beneficio sería acreditación no solo nacional, sino internacional. Tal y como lo obtiene la UNAM, UAM o Politécnico.

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